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Por Daniel Norero
El pasado jueves 12 de noviembre alrededor de 2000 científicos y estudiantes de ciencias nos aglomeramos afuera del Palacio de La Moneda para manifestarnos, y muchos colegas replicaron en sincronía los reclamos en Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Concepción y Valdivia. Es extraño ver salir de sus fríos laboratorios (o de su trabajo en terreno) a científicos con sus delantales blancos para exigir cambios al gobierno. De hecho no se veía una manifestación similar desde 2012 también en La Moneda y 2007 en la Plaza Bernarda Morín. ¿Qué nos llevó a coordinar la bautizada “rebelión científica”?
Para responder esa pregunta, debemos remontarnos a la “gota que rebalsó el vaso” durante la última semana de octubre: la renuncia de Francisco Brieva, entonces presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), la institución estatal que fomenta la formación de talento humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país. Brieva asumió el cargo en septiembre de 2014, después de un año en que nadie fuese nombrado para ocupar el cargo tras la renuncia del anterior presidente José Miguel Aguilera en septiembre de 2013. La renuncia de Brieva ocurrió después de 6 meses de no pago de sueldo además de desinterés del gobierno, burocracia administrativa y dificultades presupuestarias, a pesar de los intentos de Brieva por reformar la institución y generar una institucionalidad moderna.
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El abandono de la ciencia chilena por parte del Estado
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La ceguera y poca innovación del sector privado
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¿Qué podemos hacer los científicos?
El abandono de la ciencia chilena por parte del Estado
El Abate Molina escribió una lapidaria frase desde el exilio en Italia en 1795: “Los chilenos harían progresos notables en las ciencias útiles, como los han hecho en las metafísicas que se les enseñaba, si tuvieran los estímulos y los medios que se hallan en Europa. Pero los libros instructivos y los instrumentos científicos se encuentran allí rara vez o se venden a precios exorbitantes“.
Es curioso que más de dos siglos después de escribirse aquella frase no hayamos cambiado mucho la situación de fondo. Claramente la poca importancia dada al desarrollo de la ciencia y tecnología en Chile presenta una larga data, sin embargo, tanto la renuncia de Brieva (no olvidemos a José Miguel Aguilera) y su contexto, demuestran que estamos en una situación extrema, con una carencia de institucionalidad que articule y potencie el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
Chile destina apenas el 0,36% del PIB a ciencia y tecnología, mientras que en la región Brasil gasta el 1% y el promedio de la OCDE es de un 2,4%. Además, países que han apostado su desarrollo por esta inversión, como Japón, Corea del Sur e Israel, destinan desde 3,5% hasta más del 4% de su PIB y han demostrado que la inversión ha dado frutos – sus niveles de desarrollo así lo demuestran. En el caso de CONICYT, el presupuesto anual se ha mantenido casi estancado en los últimos años y su personal es de los más mal remunerados de las instituciones públicas del Estado, además de la fragilidad de la carrera funcionaria al interior de la institución.

Literalmente “damos pena”. Somos el país que menos invierte en ciencia y tecnología de la OCDE. | Fuente: http://goo.gl/PJ4KNU
Esto ha desembocado en graves problemas, por ejemplo, que el presupuesto de CONICYT apenas alcance para financiar menos de la mitad de los proyectos Fondecyt postulados (en 2015 de 1499 proyectos postulados apenas se financiaron 631), lo cual significa que estamos perdiendo mucho talento y oportunidades de desarrollo; o que el presupuesto para 2016 dejará sin fondos a proyectos de importancia nacional como el Anillo Némesis, que investiga con una alta productividad en las áreas de cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, patologías que en conjunto, constituyen el 50% de las muertes en chilenos. El mismo fatal destino corren otros proyectos importantes como una vacuna contra el virus sincicial, un tratamiento contra la diabetes y un instituto especialista en la biodiversidad.

Número de Proyectos Aprobados y Concursados según Año de Concurso. | Información actualizada: En 2013, de 1135 proyectos postulados se financiaron 631; en 2014 de 1286 postulados se financiaron 581; y en 2015 de 1499 postulados apenas se financiaron 631. | Fuente: http://goo.gl/kKZbQs
Para alguien como yo que no está a favor de un Estado más grande, sino uno más eficiente en su servicio al país, es inconcebible y aberrante notar el problema anteriormente descrito, y al mismo tiempo enterarme que el gobierno, por ejemplo, derrocha enormes sumas de dineros en un ejército de asesores en los ministerios – muchos sin estudios profesionales; que solo el año pasado se contratara a más de 70 mil funcionarios públicos innecesarios – claramente para reducir artificialmente la cifra ascendente de desempleo; que el 46% de los ingresos de la reforma tributaria se pierdan en burocracia administrativa; que miles de millones de pesos se gasten en avisaje estatal (¡Y aumenta a razón de 34 a 35 mil millones de pesos por año!); o que parte del 10% de los ingresos del cobre entregados por Ley a las Fuerzas Armadas se esfumen por fraude. Claramente estamos perdiendo dinero en estupideces (que un Estado eficiente y responsable debería evitar), mientras áreas vitales como la ciencia y tecnología agonizan en el olvido.
Ante la inexistencia de una estrategia definida para la ciencia y un sistema claramente fragmentado y con poco peso a la hora de obtener financiamiento, tanto la “Comisión Philipphi” en el gobierno de Sebastián Piñera, así como la comisión “Ciencia para el desarrollo de Chile” del actual gobierno, han coincidido en la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que asuma el diseño y la elaboración de las políticas de ciencia, tecnología e innovación a largo plazo, y que además organice la cadena de desarrollo que conforman la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación.
Al final de su gobierno Sebastián Piñera envió un proyecto de ley para crear el tan anhelado ministerio de Ciencia y Tecnología, sin embargo, a pesar que la presidenta Bachelet respaldó la idea en el último discurso del 21 de mayo, el actual gobierno no ha retomado la tramitación – solo se han presentado propuestas tras la presión que han ejercido los científicos en estas últimas semanas.
Sin duda que la creación de un ministerio no resolverá todos los problemas que han aquejado a la comunidad científica nacional, pero elevará el poder de toma de decisión a nivel ministerial, además tendrá el potencial de terminar con la actual mirada de reformas a corto plazo y la lamentable poca importancia dada a nuestro talento humano avanzado.
Variados son las otras problemáticas que debemos resolver, entre ellas se encuentra, por ejemplo, el bajo número de investigadores por cada millón de habitantes, las pocas oportunidades de reinserción de científicos enviados a especializarse al extranjero, la “fuga de cerebros“, la falta de políticas públicas a largo plazo, la carencia de financiamiento a los proyectos de iniciación a la investigación, problemas con las becas, el centralismo y el bajo desarrollo del área en regiones, y la brecha entre la inversión del sector privado nacional en innovación y desarrollo en comparación a los otros países de la OCDE, entre otros.

Recorte de un afiche de “Ciencia con Contrato” donde pueden observarse diversos problemas con el funcionamiento y fondos de CONICYT. | Fuente: https://goo.gl/czFtzL
Necesitamos un Estado y gobiernos (independiente de su ideología política) comprometidos y con voluntad para terminar con estos problemas. Es hora de que dejen de “elegir la ignorancia” como bien lo mencionaba la polémica y dura carta de científicos y premios nacionales dirigida al gobierno el pasado domingo 8 de noviembre.
La ceguera y poca innovación del sector privado
Si miramos la imagen de abajo, podemos observar la cruda realidad de las exportaciones chilenas. Dejando los eufemismos de lado, nuestro país literalmente vive de la venta de rocas, pescado y uvas. Tal como lo leyeron. Cero innovación, nula creación de valor.
El desarrollo de la innovación y el impulso a la ciencia y tecnología no solo es tarea del Estado, sino también lo debería ser de las empresas, un sector clave en el desarrollo socioeconómico del país. A pesar de eso, nuestro sector privado apenas representa un 34% de la inversión total en investigación y desarrollo (I+D), el resto lo financia el Estado y las universidades. En los países desarrollados la relación es inversa: el sector privado pone la mayor parte de fondos para desarrollar I+D, con un porcentaje mayor al 60% (el promedio OCDE es de 65%). Hay países como Japón donde el porcentaje representado por la industria llega al 80%, y esto se debe en gran parte a las políticas adoptadas por el gobierno japonés para desarrollar la ciencia y la tecnología después de la segunda guerra mundial.
Hasta ahora las empresas chilenas han sido más bien ciegas a los beneficios de desarrollar innovación y desarrollo tecnológico a largo plazo. Mayormente se han dedicado a rubros de producción de materias primas para obtención de ganancias a corto plazo, no han diversificado la matriz productiva, y no han sido capaces de generar las ventajas comparativas a nivel país con el fin de exportar productos con valor agregado. Además, al no apostar por el desarrollo de I+D pierden la oportunidad de duplicar la generación de empleo y obtener el doble de ganancias en ventas (en comparación con aquellas empresas que no realizan innovación) como demostró un estudio británico.
Para incrementar el aporte privado, deberíamos promover, así como mejorar y potenciar aún más la actual ley de incentivo tributario (promulgada en 2008 y modificada en 2012) que no ha dado los resultados esperados. Un enfoque de fuerte reducción de carga tributaria para las empresas que realicen investigación y desarrollo sería un buen camino. Recientemente nuestro país vecino, Perú, promulgó una ley de incentivo tributario bastante potente con la finalidad de aumentar la innovación empresarial. Creo que es una estrategia que debemos replicar.
En su documento “Estudios económicos de la OCDE – Chile”, la OCDE nos hizo una serie de recomendaciones para potenciar la innovación en el sector privado:
- Reforzar la elaboración de políticas de innovación mediante el despliegue completo de la Agenda de Productividad, facilitando los vínculos entre la industria y la investigación, y promoviendo la coordinación público-privada para explotar los activos naturales, contribuyendo a complementar las ventajas comparativas.
- Revisar con regularidad los programas de innovación, cerrando o ajustando los programas ineficientes y ampliando aquellos cuya eficacia haya quedado demostrada.
- Con el paso del tiempo, proporcionar créditos fiscales reembolsables para I+D a las entidades de menor tamaño, de forma que las empresas recién creadas, jóvenes e innovadoras puedan beneficiarse más fácilmente de dichos créditos. Considerar la incorporación de un elemento incremental al esquema que aumente las ventajas a medida que se incrementen las inversiones.
- Ampliar las ayudas económicas para grados universitarios avanzados relacionados con los campos STEM (ciencia, tecnología y administración de ingeniería), especialmente en el marco del programa Becas Chile.
- Impulsar aún más el acceso de los emprendedores a las redes globales y al capital de riesgo, lo cual incluye la simplificación de los requisitos para que los fondos extranjeros de capital de riesgo operen en el ámbito local.
La cooperación público-privada es vital en el desarrollo científico tecnológico del país, y si el sector privado no sale de esta ceguera y dependencia de las materias primas, corremos el riesgo de repetir un error de hace 100 años, cuando los alemanes Haber y Bosch hicieron quebrar a la industria salitrera chilena en la primera guerra mundial – tras la invención del salitre sintético fijando el nitrógeno del aire. Hoy nuestra economía e ingresos al fisco dependen en gran parte del cobre, sin embargo, el grafeno cada día se convierte en un candidato más fuerte para remplazar al cobre en sus aplicaciones industriales. Se proyecta que en menos de 30 años su mayor facilidad de procesamiento y menor costo de producción permitirá un reemplazo masivo de cobre por grafeno. Si no queremos quebrar como país otra vez, necesitamos el compromiso de la industria para innovar, generar conocimiento y diversificar nuestra economía.
¿Qué podemos hacer los científicos?
Ya hemos salido de la inercia de nuestros laboratorios hacia las calles a exigir que el gobierno cumpla sus promesas y trabaje por una real institucionalidad científica, porque ha quedado demostrado que desde el sector público (en su estado actual) no hay posibilidad de realizar esta transformación.
Sin embargo, podemos complementar lo anterior con otras vías. En este sentido, he notado que muchos compañeros, colegas y conocidos del área de las ciencias esperan que los fondos les lleguen exclusivamente de parte del Estado. Creo que debemos abandonar ese paradigma (como enfoque único) y ser capaces de salir a “tocar puertas” y presentar proyectos a empresas y fundaciones para conseguir fondos en el sector privado. De esta forma no le cargamos todo el gasto al Estado y además contribuimos a incentivar a la industria nacional, que como se comentó anteriormente, ha invertido poco en I+D.
Siguiendo el punto anterior, se puede mencionar el caso del gran bioquímico Pablo Valenzuela, quien ha sabido hacer alianzas público-privadas, fundar empresas, y conseguir buenos fondos en el sector privado para ejecutar sus proyectos de gran impacto. Un claro ejemplo es su último trabajo junto al Dr. Luis Burzio que consiste en el desarrollo de una revolucionaria terapia anti-tumoral universal que no afecta a las células sanas – dentro de poco parten los ensayos en humanos. La terapia ha sido desarrollada a cabalidad en Chile, por científicos chilenos y financiados en un cien por ciento con capitales de inversores chilenos – a los que obviamente debieron convencer. Hasta la fecha la inversión suma unos 18 millones de dólares, de los cuales cerca de 15 corresponden a fondos de inversión y aportes de privados, y el resto a fondos estatales concursables.
Otro mecanismo interesante es el “Crowdfunding ciudadano”, un sistema que están usando mucho los científicos españoles ante el recorte del presupuesto público por la crisis económica. El “Crowdfunding” es un mecanismo de financiamiento colectivo donde particulares (desde ciudadanos de clase media hasta grandes empresarios) pueden apoyar proyectos de I+D de emprendedores científicos. Esto ha permitido financiar interesantes proyectos como el desarrollo desde fármacos contra virus tropicales hasta investigaciones oncológicas y de Alzhéimer. En este enlace pueden ver una lista de plataformas de Crowdfunding que financian una gran cantidad de proyectos científicos en diferentes países.
Video sobre “Precipita” , la primera iniciativa de Crowdfunding científico de España.
Este último sistema a veces es criticado, ya que se afirma que el “Estado debería hacerse cargo de financiar esos proyectos”. Si bien concuerdo con el papel que debe jugar el Estado (como ya expliqué anteriormente), esto no es mutuamente excluyente, sino complementario a la posibilidad de financiamiento privado y ciudadano. Buscar mecanismos alternativos de financiamiento que vayan más allá de CONICYT y organismos estatales es importante en la actualidad, sobre todo por la desaceleración económica en la que estamos, un crecimiento estancado y a la fuerte bajada del precio del cobre – quedando por debajo del costo de producción, lo que significa que entrará mucho menos dinero al fisco, y se hará más dificil aumentar el presupuesto de todas las entidades públicas, no solo de CONICYT.
Por lo anterior no es extraño el recientemente aprobado incremento ridículo de 150 millones al presupuesto de CONICYT para 2016. Los cambios de estructura administrativa se pueden hacer de inmediato si hubiese voluntad política clara, pero veo un panorama complicado para conseguir aumento importante de presupuesto estatal dentro del corto y mediano plazo por el mal momento económico, aunque no nos guste, es un factor importante que debemos tener en cuenta.
Una última observación: los científicos tienen que atreverse a ingresar a la política. Obviamente no todos tienen el tiempo ni las ganas, pero quienes tenemos algún interés en el servicio público (independiente de la ideología política personal) debemos atrevernos a aportar en la elaboración de políticas públicas para impulsar la ciencia y la tecnología en Chile desde el aparato político.
El gran divulgador científico, Carl Sagan, plasmó una frase memorable: “Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre”. No solo la gente de a pie suele estar desinformada en esta área, sino también quienes dirigen nuestros país desde el Palacio de La Moneda, el Congreso, las alcaldías, etc. ¿Cuántos científicos deben haber en esos lugares? No lo he corroborado pero apostaría a que los podemos contar con los dedos de las manos, quizás de una sola mano.
Lamentablemente una masa de abogados y profesionales no científicos están decidiendo (y llevando al “desastre”) el destino y futuro de la ciencia y la tecnología chilena. Una clara muestra de la incompetencia de nuestros congresistas en esta área ocurrió a fines de 2013: a pesar de la oposición de las sociedades científicas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (85 votos a favor y 5 abstenciones) la ley que eliminaba el timerosal de las vacunas; esto sin ninguna evidencia científica que lo justificara y hasta haciendo “copy/paste” de Yahoo Respuestas en el texto de la ley (¡Y no es broma!). Fuimos el primer (y único) país en cometer tal aberración y hacer el ridículo mundial; de no haber sido por la gestión del ministro de salud y el veto presidencial, esta ley hubiese significado un mayor e innecesario gasto en salud pública al tener que comprar una vacuna alternativa sin timerosal 10 veces más cara que la estándar.

Chilito haciendo el ridículo mundial en el British Medical Journal gracias a la incompetencia de nuestros “honorables” en el Congreso. | Enlace: http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1355
Podríamos evitar situaciones como la anterior si tuviésemos científicos ocupando cargos públicos de elección popular, sobre todo en el Congreso con la finalidad de presentar proyectos de ley, o por ejemplo, ejerciendo las labores de asesor de congresistas o ministros (que generalmente son puestos rellenados con gente inexperta para pagar favores políticos) y otros cargos de relevancia nacional.
Ya es hora de que las organizaciones civiles, los científicos, el Estado, los políticos, y el sector privado de una vez por todas sentemos las bases que lleven al país a ser un productor de conocimiento y tecnología en lugar de relegarnos a ser un mero exportador de materias primas. Nos estamos jugando el futuro y el país que le dejaremos a las próximas generaciones.